Denuncian intentos de intervenir celulares de políticos opositores en México

El espionaje en México alcanzó también a políticos del PAN.
Por Marina Franco, publicado por The New York Times.

CIUDAD DE MÉXICO — El programa espía Pegasus, que fue encontrado en los teléfonos celulares de destacados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México, también habría afectado a políticos de la oposición.

El grupo de expertos de Citizen Lab, el centro de la Universidad de Toronto que ha estudiado el programa y los rastros que este deja en los aparatos que infecta, confirmó que hubo intentos de intervenir los celulares de tres políticos del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Foto: "Smartphone espía" de Jorge S. King©Todos los derechos reservados
Visto en Flickr

Se trata de Ricardo Anaya, el dirigente del PAN y posible candidato presidencial para las elecciones del próximo año; Roberto Gil Zuarth, el expresidente del Senado de México, y Fernando Rodríguez Doval, el vocero de la dirigencia del partido.

Los tres recibieron mensajes de texto similares en el verano de 2016, de acuerdo con Citizen Lab, que los instaban a darle clic a un vínculo para revisar una noticia presuntamente poco favorable o conseguir más información de un supuesto rumor sobre el PAN.

“Buen día, presidente Anaya. Le comparto la nota que publica hoy Proceso sobre usted y que está viralizándose”, dice uno de los mensajes SMS, en referencia a una revista mexicana de tono combativo.

El programa Pegasus se infiltra en los teléfonos celulares por medio de los vínculos enviados en el mensaje y se vuelve casi un micrófono oculto para espiar al usuario: es posible ver contactos, calendarios, correos, activar la cámara de manera remota e incluso ver qué teclas son pulsadas.

NSO Group, el fabricante de Pegasus, indica que el programa solo puede ser adquirido por gobiernos y que únicamente puede ser operado con el software y hardware que NSO instala en las agencias gubernamentales. En el caso mexicano, está documentado que la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (la agencia de inteligencia) y la Secretaría de la Defensa Nacional habrían pagado alrededor de 80 millones de dólares a NSO.

Los intentos de intervenir los teléfonos de periodistas como Carmen Aristegui y Rafael Cabrera, o de defensores de derechos humanos como Mario Patrón se dieron en momentos clave de su trabajo. Aristegui y Cabrera, por ejemplo, acababan de publicar un reportaje sobre un posible conflicto de interés en la compra de una residencia por parte de la primera dama de México a un empresario que después recibió contratos de obra pública. Patrón es director del Centro Prodh, que defiende a víctimas de abusos de derechos humanos, y habría recibido los SMS con el vínculo para descargar Pegasus de manera inadvertida antes de que se presentara un reporte que acusa que hubo un mal manejo por parte del gobierno en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014.

En el reporte de Citizen Lab, los expertos dicen que no están “al tanto de las razones detrás del momento” por el que los políticos del PAN recibieron los mensajes a mediados de junio de 2016.

Sin embargo, a principios de ese mes el PAN –por sí solo o en alianza– ganó siete de doce gubernaturas en disputa; tres de ellas antes eran bastiones del gobernante Partido Revolucionario Institucional. Ricardo Anaya ya era líder del partido para ese momento e incluso dijo en entrevistas posteriores que el PAN, con el triunfo electoral en los estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas –antes siempre gobernados por el PRI–, estaba “en condiciones de ganar la presidencia de México”.

En el caso de Gil Zuarth, al momento de los intentos de intervenir su teléfono presidía el senado cuando este discutía el Sistema Nacional Anticorrupción, primero en su tipo en el país, así como la llamada Ley 3de3. Esta fue promovida por la sociedad civil, en particular por el Instituto Mexicano para la Competitividad —cuyo director Juan Pardinas también fue afectado por Pegasus– y pretendía que los funcionarios públicos dieran a conocer sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses para descartar que hubiera conflictos de interés financieros. La medida después fue vetada parcialmente por el presidente Enrique Peña Nieto, quien indicó que la iniciativa debía discutirse más a fondo.

Actualmente, Gil Zuarth también es promotor de una versión de la Ley de Seguridad Interior, que activistas acusan que militarizaría la seguridad en México e incluso volvería más fácil justificar el uso de espionaje.

“Es inaceptable que el teléfono de integrantes del PAN haya pretendido ser infectado por un programa cuya licencia solo puede adquirir el gobierno para combatir la delincuencia organizada”, expresó Anaya este jueves en un comunicado.

“Que el gobierno espíe, invadiendo la intimidad de las personas en esta magnitud, es absolutamente inaceptable”, añadió. “No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados”.

El PAN también fue parte de un caso de espionaje en 2014, cuando algunos partidarios de uno de los entonces candidatos a la dirigencia fueron afectados por otro programa espía, de acuerdo con un reportaje de The New York Times Magazine. / Por Marina Franco, publicado por The New York Times.--

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