El Poder Judicial de la Argentina ha carecido de independencia y credibilidad: parece favorecer al poder político en turno. El presidente electo tiene una oportunidad de acabar con esa nociva dinámica.
Por Hugo Alconada Mon, publicado por The New York Times.
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| Foto: Rebecca Blackwell/Associated Press. Vista en TNYT |
BUENOS AIRES — Faltan pocos días para que Alberto Fernández asuma la presidencia en la Argentina, y desde ahora varios jueces y fiscales ya están ofreciendo una nueva demostración de que se mueven al compás de la música política de turno. Protegen al poderoso que está por ascender y le caen duro al que abandona la Casa Rosada. Se trata de un verdadero clásico criollo que padeció Cristina Fernández de Kirchner en cuanto su coalición perdió las elecciones en 2015 y que hace muy probable que a partir de ahora un tsunami judicial caiga sobre el presidente saliente, Mauricio Macri, y varios de sus principales colaboradores.
Macri sabe bien lo que puede esperarle. Le basta con repasar las declaraciones más recientes de su sucesor inminente sobre su gestión, sobre el Poder Judicial o sobre la prensa para anticipar un horizonte complicado. Y si eso no le alcanza, podría recordar cómo, durante los primeros días de su mandato en 2015, un juez federal visitó a su ministro de Justicia para ofrecerle reabrir una de las investigaciones más incómodas contra los Kirchner, que él mismo había cerrado, porque quería impunidad para sí mismo. Macri rechazó el convite, pero durante su gobierno tampoco limpió al Poder Judicial de este tipo de jueces ni castigó la acción. Y ahora sufrirá las consecuencias de esa inacción.
Las estadísticas pueden servirle de oráculo a Macri. Los tribunales orales de Comodoro Py —el edificio con competencia y jurisdicción para juzgar a los funcionarios públicos nacionales— dictaron un promedio de entre dos y cuatro condenas por año por posibles delitos contra el kirchnerismo de 2003 a 2014, el periodo en el que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron en el poder, según datos oficiales del Registro Nacional de Reincidencia. Pero subieron a 16 condenas en 2015, cuando el kirchnerismo abandonaba la Casa Rosada. No es difícil anticipar algo semejante con funcionarios de Cambiemos, la coalición de Macri.
Esta perversa dinámica judicial comenzó hace un cuarto de siglo, cuando Carlos Menem amplió el número de integrantes de la Corte Suprema y montó una “mayoría automática” para blindarlo de investigaciones incómodas. Pero su jugada fue más amplia y más profunda. También desplazó a jueces y fiscales de todos los niveles del Poder Judicial que le resultaban incómodos, reemplazándolos por otros más lábiles. Esos jueces estaban en teoría a cargo de investigar la corrupción de los funcionarios. Es decir, de él mismo.
