La crisis económica de Brasil es tan grave como la política

En medio del caos político, Brasil se acerca al precipicio económico.
Por John Lyons, publicado en The Wall Street Journal.

La mayor economía de América Latina parece dirigirse a una de las peores recesiones de su historia. Se estancó en 2014, se contrajo 3,8% en 2015 y puede sufrir un repliegue similar en 2016. El desempleo subió a 9,5% y los salarios cayeron 2,4%, según las cifras más recientes, y se prevé un deterioro de ambos indicadores. Uno de cada cinco jóvenes brasileños está sin trabajo y el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs advierte que el país corre el riesgo de caer en una depresión.

Foto de la Agência Brasil Fotografias, vista en Flickr
MPF entrega petición al Congreso contra la corrupción
La imagen no pertenece a la nota de WSJ

La delicada salud de la economía sirve como telón de fondo de la crisis política. La presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad está por los suelos, enfrenta un proceso de destitución en el Congreso en medio de un creciente escándalo de corrupción ligado a la petrolera de control estatal Petróleo Brasileiro SA, o Petrobras.

La situación absorbe tal cantidad de energía del gobierno y el Congreso que la recesión económica no ha recibido la atención que merece, dicen observadores.

“La gravedad de la situación es la siguiente: tenemos el tipo de problemas en el que si no se hace nada, las cosas definitivamente empeorarán”, asevera Marcos Lisboa, ex funcionario del Ministerio de Hacienda que preside la escuela de negocios Insper, en São Paulo. “Muy pronto podríamos estar hablando de la solvencia del gobierno federal”.

Brasil combatió la crisis financiera mundial de 2008 con políticas de estímulo fiscal y trata de inyectar dinero a la economía para apuntalar la demanda. El gobierno de Rousseff anunció en enero un paquete de créditos subsidiados de bancos estatales, como el BNDES, por unos US$20.000 millones para impulsar la agricultura y las obras de infraestructura.

En esta ocasión, sin embargo, el gobierno tiene un margen de maniobra más reducido para financiar medidas de estímulo. La recaudación tributaria está disminuyendo y el Ministerio de Planificación reveló la semana pasada que el gobierno necesita recortar sus gastos en unos US$5.900 millones para cumplir su meta fiscal. El ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, le pidió al Congreso que relajara tal objetivo para permitir un déficit más alto en 2016.

Algunos inversionistas señalan que políticas de estímulo como el otorgamiento de préstamos baratos por parte de los bancos estatales no produce grandes beneficios a largo plazo, puesto que generan déficits y los fondos van a parar a proyectos que arrojan pérdidas, como la construcción de represas y refinerías.

Desde el 17 de marzo, la bolsa de São Paulo y el real han repuntado debido a la creencia de que la presidenta será destituida debido a acusaciones de que utilizó trucos contables para ocultar la verdadera dimensión del déficit fiscal.

“El sólo librarse de algo muy negativo empezará a mejorar la situación y luego veremos qué viene después”, manifiesta Leonardo Monoli, socio de Jive Investments, una firma de gestión de fondos de São Paulo que administra unos US$200 millones, principalmente en deuda en problemas.

Rousseff ha negado cualquier irregularidad y describió la ofensiva para destituirla como un intento de golpe de estado de los grupos conservadores que detestan el énfasis de su gobierno en los pobres. En sus discursos, la mandataria ha atribuido la crisis económica a las vicisitudes de la economía global y ha señalado que la situación sería peor a no ser por las medidas de estímulo y los programas sociales.

Durante buena parte del último siglo, Brasil ha oscilado entre períodos de auges y caídas económicas. Ahora, no obstante, cuenta con al menos dos factores a su favor. Las reservas del banco central son robustas, de alrededor de US$374.000 millones, y la mayor parte de la deuda del gobierno está denominada en reales. Anteriormente, la alta deuda en dólares se volvía difícil de pagar cuando la moneda local se devaluaba, pero tal riesgo ha disminuido.

De todos modos, la deuda sigue siendo un problema. El gobierno federal, las grandes compañías brasileñas y los consumidores aprovecharon el auge de las materias primas para endeudarse. Era una época en que reinaba el optimismo de que una economía rica en recursos naturales como mineral de hierro, petróleo y soya tenía garantizadas altas tasas de crecimiento. Durante los últimos nueve años, la deuda del gobierno se triplicó, a cerca de US$1 billón, según el banco central.

Ahora, llegó la hora de pagar las cuentas. La deuda brasileña equivale a 67% del Producto Interno Bruto. El aumento de la deuda y la recesión han llevado a las calificadoras de riesgo a rebajar la nota de los bonos del país a nivel chatarra y los economistas proyectan que la deuda llegará a 80% del PIB en 2017. Parte del problema es que el déficit fiscal de 10% del PIB es de tal magnitud que el gobierno tiene que endeudarse para financiar los pagos de lo que ya debe.

El problema no sólo atañe al gobierno. La deuda de las empresas se triplicó con creces entre 2002 y 2015 para llegar a cerca de US$290.000 millones, según el Banco de Pagos Internacionales. Varias compañías envueltas en el escándalo de corrupción en torno a Petrobras se han declarado en bancarrota, como la firma de ingeniería Grupo OAS.

Otras empresas que no se han visto involucradas en la investigación tampoco la están pasando muy bien. La siderúrgica Usiminas anunció el 18 de marzo la suspensión del pago de algunos créditos a los bancos. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s declaró a la empresa en default.

El grupo de telecomunicaciones Oi SA divulgó la semana pasada una pérdida de US$1.240 millones en el cuarto trimestre, mientras que el servicio de su deuda se triplicó en 2015 respecto del año previo.

Los brasileños con aspiraciones de ascender a la clase media, que ayudaron a impulsar la economía durante el auge de los commodities, ahora tienen problemas para pagar sus tarjetas de crédito. Al final de 2015, alrededor de 54,1 millones de brasileños se habían atrasado en los pagos de cerca de US$60.000 millones en préstamos, según la calificadora de riesgo Serasa Experian.

La contracción y el aumento de la deuda dejan a Brasil en una situación precaria y el ahondamiento de la crisis política dificulta un cambio de rumbo, dicen los expertos.

“La interacción entre la crisis política y los resultados económicos se refuerza mutuamente”, asevera Samar Maziad, analista sénior de Moody’s Investors Service que sigue a Brasil. / Por John Lyons, publicado en The Wall Street Journal.--

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