¿Usted cree que podrá?

Alberto Fernández puede reformar la perversa justicia argentina.

El Poder Judicial de la Argentina ha carecido de independencia y credibilidad: parece favorecer al poder político en turno. El presidente electo tiene una oportunidad de acabar con esa nociva dinámica.

Por Hugo Alconada Mon, publicado por The New York Times.

Foto: Rebecca Blackwell/Associated Press. Vista en TNYT

BUENOS AIRES — Faltan pocos días para que Alberto Fernández asuma la presidencia en la Argentina, y desde ahora varios jueces y fiscales ya están ofreciendo una nueva demostración de que se mueven al compás de la música política de turno. Protegen al poderoso que está por ascender y le caen duro al que abandona la Casa Rosada. Se trata de un verdadero clásico criollo que padeció Cristina Fernández de Kirchner en cuanto su coalición perdió las elecciones en 2015 y que hace muy probable que a partir de ahora un tsunami judicial caiga sobre el presidente saliente, Mauricio Macri, y varios de sus principales colaboradores.

Macri sabe bien lo que puede esperarle. Le basta con repasar las declaraciones más recientes de su sucesor inminente sobre su gestión, sobre el Poder Judicial o sobre la prensa para anticipar un horizonte complicado. Y si eso no le alcanza, podría recordar cómo, durante los primeros días de su mandato en 2015, un juez federal visitó a su ministro de Justicia para ofrecerle reabrir una de las investigaciones más incómodas contra los Kirchner, que él mismo había cerrado, porque quería impunidad para sí mismo. Macri rechazó el convite, pero durante su gobierno tampoco limpió al Poder Judicial de este tipo de jueces ni castigó la acción. Y ahora sufrirá las consecuencias de esa inacción.

Las estadísticas pueden servirle de oráculo a Macri. Los tribunales orales de Comodoro Py —el edificio con competencia y jurisdicción para juzgar a los funcionarios públicos nacionales— dictaron un promedio de entre dos y cuatro condenas por año por posibles delitos contra el kirchnerismo de 2003 a 2014, el periodo en el que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron en el poder, según datos oficiales del Registro Nacional de Reincidencia. Pero subieron a 16 condenas en 2015, cuando el kirchnerismo abandonaba la Casa Rosada. No es difícil anticipar algo semejante con funcionarios de Cambiemos, la coalición de Macri.

Esta perversa dinámica judicial comenzó hace un cuarto de siglo, cuando Carlos Menem amplió el número de integrantes de la Corte Suprema y montó una “mayoría automática” para blindarlo de investigaciones incómodas. Pero su jugada fue más amplia y más profunda. También desplazó a jueces y fiscales de todos los niveles del Poder Judicial que le resultaban incómodos, reemplazándolos por otros más lábiles. Esos jueces estaban en teoría a cargo de investigar la corrupción de los funcionarios. Es decir, de él mismo.

La jugada le resultó a Menem muy provechosa mientras retuvo en sus manos las riendas del poder. Pero al dejar la presidencia, en 1999, los mismos magistrados que hasta entonces habían mirado para otro lado comenzaron a investigarlo para congraciarse con el nuevo presidente, Fernando de la Rúa.

Siguió pasando con todos los demás jefes de Estado hasta llegar a Macri, quien comenzará a recorrer los mismos pasillos de los tribunales que trasegaron sus antecesores. La dinámica ha sido descrita por la profesora de la Universidad de Rochester, Gretchen Helmke, quien, en 2003, la llamó la “lógica de la defección estratégica” en la justicia argentina.

Tras investigar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema durante la dictadura y la democracia argentina, Helmke corroboró que los magistrados argentinos aumentan sus decisiones contrarias al gobierno saliente, basados en lo que evalúan que será importante para el futuro gobierno. Al mismo tiempo, toman decisiones favorables a las nuevas autoridades cuando creen que puede congraciarse.

Esto ha pasado durante décadas y abarca a todos los niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, con excepciones de dignidad e independencia. ¿Por qué ningún político corrigió esta gravosa distorsión al entrar a la Casa Rosada?

Desde Menem en adelante, todos los que se acomodaron en el sillón presidencial de la Argentina creyeron que ellos sí podrían lidiar con un Poder Judicial ensombrecido por la corrupción. Más tarde, cuando flaqueaba su poder, todos corroboraron que el sistema no era imparcial e iba contra ellos.

Ahora el riesgo es que Alberto Fernández incurra en el mismo error solo para padecer a estos jueces y fiscales que al inicio lo favorecerán, pero cuando termine su presidencia o disminuya su influencia, lo sentarán en el banquillo de los acusados.

Fernández solo podrá evitar este vaivén nocivo para la democracia argentina si encara una reforma sistémica de la administración de justicia, una que vaya más allá de la remoción por la vía institucional de algún magistrado. Esa reforma requerirá impulsar nuevas leyes, reformar el Consejo de la Magistratura y fortalecer otros organismos, como la Oficina Anticorrupción o la unidad antilavado— para promover investigaciones sensibles de manera independiente y creíble.

Fernández podría ir tan lejos como reformar el área de inteligencia que desde los tiempos de Menem se usa para “aceitar” o presionar a jueces, fiscales y testigos. Pero todo esto resultará insuficiente sin que él mismo asuma un liderazgo disruptivo. Como dice Robert Klitgaard, uno de los referentes mundiales de la lucha contra la corrupción, la estrategia eficaz para combatir ese flagelo pasa por “freír unos cuantos peces grandes”. Pero el secreto detrás de la premisa es que esos “peces grandes” no sean solo de la oposición —que de inmediato denunciará una persecución política, como ha sucedido hasta ahora—, sino también del partido en el poder. Para eso se necesita un liderazgo dispuesto a afrontar las turbulencias de una apertura a las investigaciones al interior de su movimiento.

Ir a fondo contra la corrupción, en particular la de los propios, también emitiría una señal clarísima de que los tiempos han cambiado. Una señal que jueces y fiscales, al igual que toda la sociedad argentina, comprenderían de inmediato.

¿Estará dispuesto Alberto Fernández a eso? Algunas de sus reacciones públicas —incluso por Twitter— alimentan las dudas. Si no lo está, al igual que todos los presidentes argentinos que lo antecedieron desde Menem, padecerá a los mismos jueces y fiscales que hoy se inclinan ante su poder. / Por Hugo Alconada Mon, publicado por The New York Times.-

Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Es autor de La raíz (de todos los males).

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