Por Ken Parks para The Wall Street Journal.
BUENOS AIRES—El gobierno de Argentina ha pedido al juez de distrito de Estados Unidos Thomas Griesa que suspenda temporalmente su fallo en una disputa que sostiene frente a un grupo de acreedores que podrían causar que el país austral se declare en cesación de pagos por segunda vez en 13 años.
Un pequeño grupo de fondos de cobertura exige el pago total de los bonos afectados por la declaración de default del país en 2001. Tribunales estadounidenses han dictaminado que Argentina debe compensar a estos acreedores o de lo contrario no pueden hacer los pagos a los tenedores de bonos que aceptaron una reestructuración de deuda en 2005 y 2010. Los inversionistas canjearon casi 93% de los bonos en mora en las dos operaciones.
Hablando en una conferencia de prensa el lunes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que el gobierno ha solicitado la suspensión de la sentencia para así poder pagar a sus tenedores de bonos actuales al final del mes y negociar con los fondos de cobertura que no aceptaron el canje de deuda.
"Queremos pagar en condiciones justas, equitativas y legales", dijo Kicillof.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está buscando la buena voluntad de Griesa después de que sus ministros la semana pasada acusaran al juez de tratar de desbaratar reestructuraciones anteriores de Argentina. El fin de semana, el gobierno argentino publicó un anuncio de página completa en varios periódicos de Estados Unidos, como The Wall Street Journal, en el que criticó al juez.
La propuesta de Argentina llega menos de dos semanas antes de que el país tenga que hacer el próximo pago de intereses sobre sus bonos reestructurados, lo que los tribunales estadounidenses han prohibido a menos que también pague a los acreedores que se resistieron la canje. Si Argentina no cumple con el pago de más de US$500 millones en intereses el 30 de junio, caerá en un default técnico y tendrá otro período de gracia de 30 días para evitar un default completo.
Argentina ha estado sumida en una amarga batalla legal con un grupo de fondos de cobertura dirigidos por NML Capital Ltd., una filial de Elliott Management Corp., y Aurelius Capital Management LP los cuales compraron bonos con un gran descuento después de que el país cayó en cesación de pagos sobre US$100.000 millones en 2001. El gobierno de Fernández de Kirchner se ha quedado en gran medida sin opciones legales después de que la Corte Supremo de Justicia de EE.UU se negara la semana pasada a escuchar su apelación contra la sentencia del juez Griesa, que está ahora en efecto.
En un discurso sorprendentemente conciliador del Día de la Bandera el pasado viernes, Fernández de Kirchner, dijo por primera vez que su gobierno quería llegar a un acuerdo con los acreedores que llama "buitres".
Un default sería un enorme revés para los esfuerzos recientes de la presidenta de mejorar las relaciones con los inversionistas extranjeros. A principios de este año, Argentina acordó pagar en efectivo y bonos US$9.700 millones que debe al Club de París, un grupo de naciones acreedoras, y le dio a la empresa petrolera Repsol SA alrededor de US$5.000 millones en bonos como compensación por la nacionalización de su filial argentina, YPF, hace dos años.
Los analistas han interpretado los gestos conciliatorios de Fernández de Kirchner como parte de una estrategia dirigida a recuperar el acceso a los mercados de deuda globales para que su gobierno pueda pedir prestado dinero para estabilizar una economía que sufre de alta inflación y la escasez de dólares. / Por Ken Parks para The Wall Street Journal.--
Más sobre el caso de los holdouts en éste blog.
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