Una jugada maestra rusa muy difícil de llevar a la práctica
Por Luisa Corradini para LA NACION
PARÍS.- La propuesta rusa de poner bajo control internacional las armas químicas sirias tiene todo el aspecto de ser un golpe maestro capaz de desactivar la amenaza de intervención militar occidental. También podría ser una brillante maniobra diplomática, asociada a un bluff estratégico.
En teoría, la idea conviene a todo el mundo, pues permite a cada uno salir dignamente del pantano en el que estaba sumergido. Tan así es que el mismo Barack Obama reconoció que "analizó" la posibilidad con Vladimir Putin en el imprevisto aparte de 30 minutos que mantuvieron el viernes, en la plenaria del G-20 de San Petersburgo.
Pero las cosas se complican, sin embargo, desde el punto de vista concreto, porque existen numerosos obstáculos para la realización de semejante proyecto.
"Cuando aparece la pregunta «¿cómo hacer?», comienzan los problemas", advirtió ayer el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius.
Para los expertos en desarme, la problemática de esa propuesta no es de orden técnico, sino táctico. Pues antes de poner bajo llave o destruir los agentes químicos, primero hay que apoderarse de ellos. Y hay que poder sacarlos de un país que se encuentra en plena guerra civil.
"Uno de esos problemas es hallar voluntarios para ir a Siria y después sacar esas armas. Hasta el momento, nadie propuso, por ejemplo, una fuerza de interposición de la ONU para desplegar en el terreno. Por una razón muy simple: nadie quiere enviar sus hombres a Siria", afirma el especialista francés Pierre Servan.
En todo caso, por el momento es imposible calcular cuánta gente sería necesaria para realizar esa operación, pues Siria nunca adhirió a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OIAC) y, por lo tanto, nunca declaró sus reservas. Y ese cálculo depende, justamente, del tonelaje de agentes químicos que deben ser tratados.
Si bien el primer protocolo de prohibición de armas químicas se firmó en Ginebra en 1925, después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional completó esa interdicción en 1993, en París, con la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas (CIAC).
Ese tratado internacional, que entró en vigor en 1997, no sólo proscribe el desarrollo, producción, compra, venta, almacenamiento y uso de armas químicas, sino que define las etapas de su destrucción. Los países signatarios no pueden usar esos agentes, pero tampoco participar en operaciones militares junto a Estados que las utilicen.
Las armas químicas sirias no serán destruidas en ese país, sino enviadas hacia instalaciones especializadas al extranjero, un proceso que puede llevar años. Si se pretende que esa operación sea realizada por la ONU, algún país deberá poner sus tropas a disposición. En otras palabras, permitir que sus hombres vayan a patrullar en plena guerra civil.
En el ámbito de las sospechas, muchos piensan que hay tantas incógnitas en torno al volumen de esas armas químicas, que los occidentales estiman en unas 1000 toneladas, que será imposible tener la seguridad de que serán destruidas en su totalidad.
"Todo dependerá de la voluntad siria", confirma el especialista belga en cuestiones de defensa, Joseph Henrotin. "El régimen utilizó los agentes químicos por razones tácticas el 21 de agosto pero, en realidad, esas reservas existen para responder a la amenaza del arsenal nuclear israelí. Se trata de una cuestión de orden estratégico", agrega. En esas condiciones, es posible interrogarse sobre la disposición de Damasco de entregar la totalidad de su arsenal.
Los especialistas afirman que el régimen posee grandes cantidades de gas sarín, gas mostaza y VX, todos agentes conocidos, cuya destrucción está perfectamente controlada.
"Además se requiere una gigantesca logística para transportar esos agentes a Rusia o a Estados Unidos a fin de ser destruidos", afirma Henrotin.
Por último, la comunidad internacional deberá preocuparse de las instalaciones de fabricación de esas armas. Si, como anticipo ayer, Siria decide adherirse a la OIAC, estará obligada a desmantelar sus fábricas o convertirlas para fines civiles. La gran incógnita es cómo hará Al-Assad para llevar adelante esos gigantescos cambios en plena guerra civil. / Por Luisa Corradini para LA NACION.
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