Publicado en Región Norte Grande.
Las protestas policiales desatada recientemente en las provincias, modifica radicalmente el escenario para el 2014, dado que afecta la variable más sensible para la “caja” provincial, esto es, el gasto en personal, vaticina un informe de Economía y Regiones.
Sobre un total de 2.000.000 de cargos públicos a nivel provincial, el personal afectado a la función Seguridad (policía y servicio penitenciario) concentra unos 300.000 agentes, esto es, un 15% de la planta total, y algo similar del gasto salarial. De este modo, en 2013 el conjunto de provincias habrían destinado $39.000 millones para cubrir los sueldos del personal de seguridad, sobre un gasto en personal total de $260.000 millones.
Pese a que la incidencia relativa del personal policial es reducida, existe una alta probabilidad de que el aumento otorgado o por otorgarse a dicho sector, termine dificultando las negociaciones salariales del resto de los empleados de la administración pública provincial.
Esta situación se daría en un contexto de escaso margen para incrementar los recursos propios, ya que la mayoría de las provincias introdujo amplias reformas tributarias en los últimos dos años, llevando la presión fiscal provincial a sus máximos históricos, y un 2014 donde, de no mediar refinanciación, las provincias deberán atender los servicios de la deuda reprogramada con el Gobierno Nacional, que le insumirían un gasto adicional de $10.000 millones en concepto de intereses y amortizaciones, solo por este concepto.
Escenarios
Al cierre de este ejercicio, las provincias lograrían reducir de $16.000 a $11.000 millones su déficit financiero, lo cual revierte la tendencia fiscal observada desde 2010 a la fecha. Esta dinámica se logró en base a dos drivers fundamentales:
> La contención del crecimiento de las erogaciones públicas, aun en un año electoral. En este sentido, la pauta de incremento salarial promedio bajó del 28% (2012) al 24?25% en 2013, logrando que la tasa de expansión del gasto primario “sólo” se acelerase del 22% al 29%.
> Las subas impositivas que lograron subir del 30% al 45% la tasa de expansión de la recaudación local, generando $21.000 millones adicionales a lo largo del año. El incremento de las transferencias de coparticipación desde la órbita nacional acompañó este crecimiento, permitiendo cerrar el ejercicio con una suba global de los recursos del 32%, 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento de las erogaciones.
No obstante esto, las condiciones actuales impiden pensar en un 2014 tan benevolente. Por un lado, la presión tributaria local (también nacional) ya se ubica en niveles récord, lo cual no da margen para una nueva ola de subas impositivas. Esto se vio con claridad en la provincia de Buenos Aires, cuyo Proyecto de Presupuesto incluía una “contribución especial” del 18% en las partidas del Impuesto Inmobiliario y que debió ser eliminada ante la negativa de la oposición a aprobar la ley en caso contrario.
De esta manera, la recaudación volvería a crecer en torno al 30%, cayendo 15 p.p. interanuales, en tanto que los giros por coparticipación lo harían a una tasa similar, sin ganar dinamismo frente al año anterior.
Si subir impuestos luce difícil, más aún lo será contener la demanda salarial por segundo ejercicio consecutivo. De hecho, nuestro escenario base preveía una pauta salarial del 26% (+1.5 p.p. a/a) como promedio para las 24 jurisdicciones, aunque los acontecimientos recientes hacen pensar en una suba superior. En este punto, vale aclarar que en caso que el aumento sea del 26%, el costo salarial subiría un 31%, producto de las actualizaciones automáticas por antigüedad y reacomodamientos escalafonarios que se activan a principios de año.
En base a esto, desarrollamos distintos escenarios de aumentos salariales, con el objeto de cuantificar las necesidades financieras de las provincias, y reflejar las bajas probabilidades de atender reclamos generalizados de magnitud como la generada en el conflicto actual, y más aún teniendo en cuenta que la mayoría de las Leyes de Presupuestos Provinciales preveían déficit incluso sin política salarial.
Antes de avanzar, se debe destacar que nuestras estimaciones indican que cada punto de aumento salarial que otorguen las provincias, implicará un gasto consolidado de $2.200 millones anuales durante 2014. En este sentido, dado que el personal afectado a los servicios de seguridad concentra el 15% de la planta total, se deduce que cada punto de aumento limitado a este sector, implica una erogación de $330 millones.
En principio, con un aumento promedio salarial del 26%, nuestro escenario base arroja un déficit anual cercano a los $17.000 millones, es decir, se “perdería” lo ganado en 2013, ya que el rojo crecería un 56%, volviendo a los niveles de 2012.
En este caso, cuya política salarial es desdoblada en un 16% en el 2do. Trimestre y otro 10% en el 3er. Trimestre, las necesidades financieras anuales suben al 1.2% del PIB ($39.000 millones), expandiéndose un 55% a/a. Como se observa, dicho incremento no obedece únicamente a la aceleración del gasto, sino también a la suba de $14.000 millones en los servicios de deuda (intereses + capital), lo cual se analizará más adelante.
El segundo escenario, incluye el de base (26% aumento promedio), junto a una suba del 30% para el personal de seguridad. Este incremento diferencial implica un gasto adicional de $1.320 millones, de modo que de convalidarse este escenario, la situación de las finanzas provinciales no diferiría mucho de nuestras expectativas preliminares.
Ahora bien, como destacamos al inicio del documento, asignamos muy baja probabilidad al Escenario II, ya que resultará una tarea casi titánica mantener a raya al resto de los gremios, otorgándoles subas salariales menores al 30%.
En este contexto, surge el Escenario III, que incluye aumentos del 30% para la totalidad de las áreas de la Administración Pública Provincial, subiendo en este caso a $350.000 millones el gasto en personal y a $26.000 millones el déficit anual. Incluyendo el pago de amortizaciones, el rojo sube hasta $47.500 millones, prácticamente el doble del alcanzado en 2013, y representando el 1.5% del PIB, una cifra cada vez más difícil de financiar.
En busca de financiamiento
Para compensar el conflicto salarial, el Gobierno Nacional anunció la factibilidad de reprogramar nuevamente el pago de los servicios de intereses y amortizaciones de la deuda que las provincias mantienen con la Nación en el marco del PFDP (Programa Federal de Desendeudamiento Provincial). Es conocido que su diferimiento anual ahorraría al conjunto de provincias unos $10.000 millones.
Teniendo en cuenta nuestro cálculo de incremento del gasto salarial por cada punto de aumento de salarios, esta cifra alcanzaría a cubrir en forma plena un aumento promedio del 30% las fuerzas de seguridad. Sin embargo, de trasladarse el reclamo al resto de los empleados públicos provinciales, los $10.000 millones de ahorro solo logarían financiar un incremento no mayor a 5 puntos en los salarios públicos.
De esta manera, bajo nuestro Escenario III, el resultado financiero caería a $21.000 millones y las necesidades de financiamiento de $47.500 millones a $37.500 millones, cifra significativa si se tiene en cuenta que durante 2013 las provincias lograron colocar deuda en el mercado local por $14.200 millones.
Aún cuando la cifra fuera “financiable” por el mercado local, hay que tener en cuenta el costo del financiamiento. En este sentido, por las colocaciones dollar linked las provincias deben pagar la variación del tipo de cambio más un spread de hasta 500 pb. Teniendo en cuenta una proyección de devaluación del tipo de cambio oficial del 36% ? 38% (dic 2013/dic 2014), el rendimiento a pagar se ubicaría en el 41?43% anual en moneda local.
En el caso de poder acceder a los mercados internacionales, el costo sería aún mayor, si se tiene en cuenta que además de la variación de tipo de cambio implícita en la colocación de deuda en moneda extranjera, las tasas de los bonos podrían ubicarse entre el 8% y 10% n.a. si se toman como referencia las ultimas colocaciones de provincias en los mercados internacionales de deuda, como fueron los casos de las provincias de Chubut (bono a 10 años al 9.7% anual en 2010), Neuquén (bono a 10 años a una tasa del 8% n.a. en 2011) y Salta (bono a 10 años al 9.50% n.a. en 2012), todos ellos con garantía de recursos hidrocarburíferos, o la última colocación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2012, un bono a 5 años a una TNA del 9,95%.
En resumen, las provincias no contarían con recursos propios suficientes para financiar los aumentos salariales que se vienen, en tanto que el acceso al mercado de capitales se acotaría a partir de las elevadas tasas que habría que convalidar, tanto en moneda extranjera como en pesos atados al dólar oficial.
Nótese además, que las necesidades de financiamiento de las provincias crecerán en la medida que aumente la tasa de devaluación del tipo de cambio de la deuda concertada en moneda extranjera. En efecto, al cierre de 2013 las provincias tienen colocados US$ 9.200 millones de títulos públicos y préstamos de Organismos Internacionales por US$ 3.100 millones. Los vencimientos de la deuda en moneda extranjera (y dollar linked) para el 2014 se estiman en US$ 1.710 millones (US$ 750 millones en bonos emitidos en dólares, US$ 470 millones de títulos 'dollar linked', US$ 90 millones de títulos en euros, y US$ 400 millones de Organismos Internacionales). Con una devaluación del 36% (dólar al cierre 2014 de $8.50), los servicios de la deuda se incrementan en $3.700 millones.
En este sentido, todos los caminos conducen al Gobierno Nacional, que debería asumir el rol de prestamista, no tan sólo prorrogando los $10.000 millones del Programa de Desendeudamiento, sino también aportando financiamiento fresco. Adoptar una postura intransigente no sería beneficioso, ya que incentivaría la emisión de cuasimonedas por parte de las Gobernaciones Provinciales. Por ende, se mantiene latente el riesgo de que la asistencia financiera nacional se traduzca en mayor emisión monetaria. / Publicado en Región Norte Grande.
