Publicado en Universia-Knowledge@Wharton.
Para las compañías de seguros globales, los ciberataques se han convertido en el mayor de todos los riesgos recientes, según una investigación realizada por Guy Carpenter & Co., especializada en riesgos y reaseguros. En los últimos dos años, los hackers se infiltraron en grandes compañías aéreas, empresas de energía y defensa, entre muchas otras.
Más recientemente, ha causado sensación la invasión por parte de hackers de los archivos personales de los ejecutivos de Sony Pictures y la amenaza al estudio de tomar otras medidas si no suspendía el lanzamiento de La entrevista, una comedia cuya trama gira en torno al asesinato del dictador norcoreano Kim Jong Un. El FBI confirmó que había pruebas suficientes para concluir que el Gobierno norcoreano estaba detrás de la invasión.
A medida que prosiguen los debates y la discusión sobre las maneras más eficaces de frustrar esos ataques en el futuro, empresas y gobiernos de todo el mundo reflexionan acerca de los esfuerzos de las autoridades públicas para crear backdoors en grandes redes de ordenadores y de datos que sortearían el sistema de seguridad del software permitiendo el acceso a los datos de los usuarios. ¿Ayudaría ese procedimiento a las autoridades en la investigación de ciberataques? ¿O, en lugar de eso, la medida acabaría debilitando la seguridad del sistema de maneras no previstas?
En un reciente panel de debates patrocinado por Wharton, “Backdoors, Ciberseguridad y Mantenimiento del Orden Público“, dos especialistas en ciberseguridad de la Universidad de Pensilvania comentaron acerca de las cuestiones jurídicas y técnicas poco comprendidas que rodean el tema. Los participantes en el debate —Jeffrey Vagle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, y Matt Blaze, profesor de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Aplicadas de la misma universidad— coinciden en señalar que los backdoors, aunque bien intencionados, podrían acabar elevando los riesgos de seguridad. La discusión fue moderada por Howard Kunreuther, director adjunto del Centro de Gestión de Riesgo y de Procesos de Decisión de Wharton. El debate realizado por el panel formó parte de la Serie de Seminarios sobre Regulación de Riesgo copatrocinado por el Programa de Regulación de la Universidad de Pensilvania y por el Centro de Gestión de Riesgo y de Procesos de Decisión de Wharton.
Derechos frente a seguridad
Kunreuther, que es también profesor de Gestión de las Operaciones y de la Información de Wharton, resumió de la siguiente manera el dilema de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley: “El FBI y otras agencias de seguridad quieren obtener datos de Google y de Apple, entre otras empresas, sobre sospechosos de crímenes, como traficantes de drogas, pero existe el temor de que las informaciones suministradas por esas empresas a través de backdoors faciliten la acción de hackers que comprometerían el sistema”.
Entre junio y septiembre del año pasado, Google y Apple anunciaron que nuevas versiones de sus sistemas operativos —Lollipop, de Google, e iOS 8, de Apple— empezarían a encriptar los datos a través de una frase de contraseña [más compleja] del usuario, lo que impediría a las empresas tener acceso a los datos de sus clientes. “Ese cambio de mercado se dio, en parte, en nuestra opinión, tras la revelación de Snowden de que el programa PRISM [de vigilancia electrónica clandestina masiva y prospección de datos] de la NSA [Agencia de Seguridad Nacional] estaba tomando datos de aparatos de Apple y de Google”.
Cuando Apple y Google anunciaron su nueva política, el entonces procurador general, Eric Holder, y James Comey, director del FBI, se opuso vehementemente diciendo que tal decisión contribuiría a que las redes “desaparecieran” de su vista.
En otras palabras, el cambio significaba que las agencias encargadas del cumplimiento de la ley en EEUU “se verían privadas de ciertas posibilidades de investigación porque las redes, o archivos, estarían encriptados y ellas no disponen de los medios de descifrado de esos archivos. Así, habría crímenes que quedarían sin solución. Los criminales podrían comunicarse con impunidad”.
En realidad, observó Vagle, la investigación muestra “que sólo un pequeño número de crímenes de los denunciados estaban asociados al encriptado”.
Vagle observó que los smartphones de hoy “son, sin exageración, tan poderosos como los supercomputadores de la década de 1980″. Ahora que los aparatos móviles están sustituyendo a los ordenadores de sobremesa como aparatos electrónicos básicos para gran parte de la población, “la mayor parte de nuestros datos acaba siendo transmitido por ellos. Esos aparatos nos atraen por su comodidad, pero son un problema porque generan un gran volumen de datos que pueden estar abiertos al análisis de los órganos de la ley”. “Tenemos conocimiento de parte de esos datos”, pero hay “gran parte de ellos que desconocemos”.
Además de los desafíos técnicos de protección de esos datos, hay también cuestiones de libre expresión, observó Vagle. Para él, existe una cuestión fundamental: “Si usted supiera que J. Edgar Hoover [el temido director del FBI entre 1935 y 1972] tenía esa tecnología, ¿cuál sería su reacción?”
“Ese es el argumento con que tenemos que volver a lidiar de nuevo hoy en día”, dijo Vagle. “Las autoridades podrían decir: ‘Necesitamos tener acceso a todo lo que usted transmite y almacena […] por eso el backdoor es imprescindible’. ¿Los órganos responsables del cumplimiento de la ley pueden realmente obligarlos a eso?”
Una superficie de ataque mayor
Blaze explicó a continuación por qué esos backdoors son tan problemáticos desde el punto de vista de la ingeniería. A principios de los años 90, cuando Internet estaba a punto de salir a escena, era evidente que sería importante desde el punto de vista comercial, pero era también igualmente claro que no contaba con “la seguridad intrínseca necesaria; era realmente imposible creer que es muy difícil ‘poner’ una escucha en una línea telefónica, ya que para eso sería necesario el acceso físico a la línea, etc. Con Internet, muchas cosas pueden realizarse de forma automática”. Mirando atrás, puede parecer extraño, pero “Internet no tenía ninguna seguridad prevista en su diseño y, de pronto, íbamos a comenzar a usarlo para una cantidad de cosas importantes, como sustituir el telegrama, el teléfono y las comunicaciones postales, además de las reuniones presenciales. Todo eso era inminente”.
En aquella época, dijo Blaze, “la criptografía, que es básicamente la tecnología subyacente que da seguridad a los mensajes en un medio inseguro, estaba comenzando a ser viable en forma de software […] Estábamos a punto de incorporar la criptografía al software, pero el Gobierno vino con una solución de hardware. Eso significaba que para introducir la criptografía usando la solución de backdoor del Gobierno, no sólo había que confiar en que el Gobierno no usaría el backdoor, sino también que tendría que adquirir hardware extra para todo producto que lo utilizara. En los años 90, era evidente que eso sería un desastre comercial, porque habría convertido una tecnología que no tenía coste marginal alguno […] en una tecnología cara. Se trataba de una iniciativa abocada al fracaso desde el inicio”. El Gobierno americano acabó perdiendo esa batalla y, alrededor del año 2000, abandonó la idea de backdoors en la criptografía quitando la mayor parte de los controles de exportación de la criptografía. Y, a pesar de la advertencia del FBI de que, un día, las consecuencias serían desastrosas, la criptografía proliferó.
Hoy, prácticamente toda llamada realizada por el móvil está encriptada. “Tenemos criptografía en muchos de las aplicaciones que, según la advertencia del FBI, si eran criptografiadas, impedirían la ejecución de la ley, dijo Blaze, queriendo decir con eso, en otras palabras, que la vigilancia electrónica se volvería imposible y los criminales cibernéticos escaparían de la justicia.
“Pero, por alguna razón”, resaltó, “el número de escuchas telefónicas de los órganos policiales, en realidad, ha aumentado —no de forma drástica, sin embargo no se ha reducido— y el número de casos en que la criptografía interfirió en una investigación es aproximadamente cero”.
Blaze advirtió que “el FBI necesita tener mucha cautela con aquello que desea. La introducción de mecanismos de vigilancia aumenta de forma significativa lo que nosotros en el campo de la seguridad llamamos ‘superficie de ataque’ del sistema. El backdoor de la vigilancia complica de forma significativa lo que un producto de seguridad tiene que ofrecer y aumenta tremendamente el número de posibilidades de ataque y de posibles ventajas en el transcurso de fallos”. (La superficie de ataque de un ambiente de software son todos los puntos a través de los cuáles el usuario no autorizado puede intentar invadirlo).
“Nosotros, científicos de la computación, no sabemos de hecho lo que estamos haciendo”, dijo Blaze. “Somos los peores de todos los ingenieros […] La manera en que hacemos software es muy mala. Después, dejamos que todo el mundo encuentre los errores; pasado algún tiempo, nosotros los hacemos más robustos. Los aspectos de la ingeniería de seguridad de los sistemas de información no son diferentes. No sabemos cómo hacer seguros y confiables sistemas complejos. No sabemos ni siquiera cómo hacer seguros y confiables sistemas sin grandes complejidades”.
La introducción de un backdoor complica la seguridad de cualquier cosa: la superficie de ataque aumenta y el número de componentes e interfaces a ser tomados en cuenta crece enormemente. En otras palabras: “El backdoor aumenta la probabilidad de que alguien encuentre un medio de sortear de forma explícita el backdoor y descubra los fallos de seguridad introducidos a través de él”.
Un segundo problema, añadió Blaze, es que el FBI quiere que ese proyecto sea aplicado a una serie enorme de productos y servicios; cualquier tecnología que procese información que pueda ser utilizada por criminales. “La serie de productos es inmensa. Forman parte de ella su móvil, su ordenador, los aparatos inteligentes de su casa y pequeños componentes que interaccionan con otros, muchos de los cuáles están siendo fabricados por empresas con equipos de seguridad mucho menores que empresas del tamaño de Google y de Apple”.
Por último, observó Blaze, “el FBI está empeñado en esas exigencias de diseño en el caso de funciones que, en la práctica, no agregan valor alguno al consumidor final”. Desde el punto de vista de la ingeniería, “es muy probable que veamos las cosas puestas de la forma más barata posible para atender las exigencias realizadas”, probablemente con un número de pruebas menos que suficientes, lo que contribuye a un enorme impacto negativo para la seguridad de la información. Desde esa perspectiva, Vagle dice que hay una razón fundamental para que la ejecución de la ley aún no haya desaparecido: “Cuando los criminales usan la criptografía o algún tipo de aparato de seguridad para ocultar su comunicación, ellos generalmente lo hacen de una manera precaria”.
Blaze, sin embargo, hace una advertencia: “Agradezco la confianza del FBI en mi campo, porque de cierta forma estamos en la antesala de hacerlo hermeticamente seguro contra las invasiones de todo aparato de sistema computacional, pero no sé cómo hacerlo […] y no creo que lleguemos a ese punto en el corto plazo. En realidad, lo que estamos discutiendo es el coste de esos ataques dirigidos. Sé cómo hacer que les resulte más caro y menos cómodo el proceso, pero no sé cómo evitar que ocurra”. / Publicado en Universia-Knowledge@Wharton.--
