martes, 27 de enero de 2015

Anuncian la disolución de la Secretaría de Inteligencia y el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia.

Gobierno argentino propone reforma de servicios de inteligencia tras muerte de fiscal
Por Walter Bianchi y Maximiliano Rizzi para Reuters.

BUENOS AIRES (Reuters) - La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dijo que enviará esta semana al Congreso un proyecto para reformar los servicios de inteligencia, después de que funcionarios acusaran a ex espías de estar involucrados en la oscura muerte de un fiscal.

Hace una semana, la muerte de Alberto Nisman conmocionó a los argentinos. El fiscal estaba a cargo de la investigación de un trágico atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, y días antes de su fallecimiento había acusado a Fernández de un complot para encubrir a los iraníes acusados del estallido que dejó 85 muertos en Buenos Aires.

Su trágico final, un día antes de reunirse con diputados para presentar detalles de su denuncia, despertó sospechas y también cuestionamientos al aparato de espionaje estatal que para muchos especialistas opera con demasiada autonomía.

La propuesta de ley, que será enviada antes del fin de semana al parlamento, creará la nueva Agencia Federal de Inteligencia y busca "transparentar definitivamente un sistema que no ha sido de inteligencia (...) y no ha servido a los servicios nacionales", dijo el lunes la presidenta durante una cadena nacional de casi una hora.

"El proyecto presenta la disolución de la Secretaría de Inteligencia, una deuda que tiene la democracia", agregó sobre la propuesta que será discutida en sesiones legislativas extraordinarias a partir de febrero en el Congreso, dominado por el oficialismo.

Nisman fue hallado el domingo 18 de enero en el baño de su departamento con un disparo en la sien y un arma a su lado, justo horas antes de una reunión agendada con diputados para presentar detalles de su denuncia, que también involucra al canciller argentino, dos dirigentes políticos y un legislador.

El fiscal creía que hubo un fallido plan secreto entre Buenos Aires y Teherán para "desincriminar" a varios iraníes -sobre los que pesan alertas rojas de Interpol- a fin de restablecer los lazos diplomáticos y comerciales bilaterales.

Fernández volvió a desestimar el lunes las acusaciones de Nisman en su contra plasmada en 300 páginas que fueron difundidas la semana pasada. Las consideró "absurdas" y volvió a sembrar dudas de que fueran elaboradas por el propio fiscal.

"No hay un solo abogado, un solo doctrinario, un solo magistrado, que una vez que se conoció la denuncia que pueda creer que haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal", dijo la presidenta.

El Gobierno cree que agentes de inteligencia que fueron despedidos hace poco y colaboraban con Nisman pudieron brindarle información falsa y haber instigado su muerte.

PRIMER IMPUTADO

La fiscal argentina que investiga la muerte de su colega Nisman imputó el lunes a un colaborador del fallecido funcionario por haberle dado el arma que acabó con su vida.

Diego Lagomarsino declaró ante la justicia que le prestó el arma a su jefe porque el propio Nisman se la había pedido para protegerse.

"(Lagomarsino) se encuentra imputado por facilitar el arma Bersa calibre 22 hallada en el departamento de Alberto Nisman", dijo en un comunicado de Viviana Fein, la fiscal del caso.

"La fiscal está evaluando las pruebas recolectadas y los testimonios para saber hasta dónde podría extenderse la imputación", añadió la nota de Fein.

El trágico final de Nisman es investigado bajo el rótulo de "muerte dudosa" y las autoridades han dicho que no se descarta ninguna de las tres hipótesis: suicidio, suicidio instigado o asesinato.

La fiscal Fein informó el fin de semana que la autopsia determinó que el arma fue disparada a una distancia inferior a un centímetro de la sien, lo que apoya la teoría del suicidio.

"Fue prácticamente apoyando el arma sobre el parietal derecho", dijo Fein al canal de noticias TN.

Pero todavía hay muchas dudas.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ya ha comenzado a investigar a los oficiales de policía asignados para proteger a Nisman. El fiscal tenía una custodia personal compuesta por diez agentes de la policía federal.

"He pedido (...) un sumario administrativo para ver cómo se actuó, de qué manera se actuó y si la custodia actuó correctamente", dijo al final de la semana pasada Berni, a una radio local. "Quiero saber hora por hora cómo fueron los acontecimientos".

De acuerdo con medios locales, los dos agentes de seguridad que debían encontrarse con Nisman en la mañana del domingo de su muerte -y que ya declararon ante la fiscal Fein- dieron versiones contradictorias respecto de a qué hora subieron al departamento del fiscal ese día a tocarle el timbre.

Mientras tanto, Fein dijo el lunes que comenzó un "análisis profundo" sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de Nisman, después de detectar "falencias" en los registros escritos de ingresos y egresos del lujoso complejo ubicado en el barrio de Puerto Madero.

El primero en alertar sobre un episodio en el departamento de Nisman fue el periodista Damian Pachter, que trabaja para el diario Buenos Aires Herald, a través de su cuenta de Twitter.

Pachter salió del país afirmando temer por su seguridad. El domingo aterrizó en la ciudad israelí de Tel Aviv, mostraron imágenes de Reuters. / Por Walter Bianchi y Maximiliano Rizzi para Reuters. (Reporte adicional de Nicolás Misculin y Jorge Otaola; Editado por Pablo Garibian).--
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Edificio Martínez de Hoz, sede de la SI. Visto en Wikipedia
Según informa la agencia de noticias nacional de la República Argentina, Télam, "el nuevo organismo, que seguirá dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, tendrá, sin embargo, un director y un subdirector que, si bien serán designados por el PE, deberán pasar por la aprobación del Congreso.

Las Tareas

El proyecto establece que el trabajo de la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Y tipifica, específicamente, en qué consiste cada hecho para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los cyber-delitos y los delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Además, se dispone que las actividades de inteligencia interna quedaran fijas a delitos federales graves. Se establece, también, que la Agencia será el órgano superior de estas tareas.

Sistema de observaciones judiciales

La Agencia Federal de Inteligencia será el órgano superior que estará a cargo de las tareas vinculadas con las escuchas que ordenen los jueces. Se establece, además, la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal, del Sistema de Observaciones Judiciales que hasta ahora estaba en el ámbito del Poder Ejecutivo.

En su mensaje, Cristina explicó esta medida en función de que el Ministerio Público Fiscal es el único Ministerio extra-poder, es decir, que no depende de ninguno de los tres poderes del Estado. De ahora en más, todo juez o fiscal que pueda pedir una escucha, deberá dirigirse al Ministerio de la Procuración Fiscal.

Ámbito de incumbencia

La Agencia trabajará en un ámbito concreto de defensa frente a ataques externos o frente a delitos complejos por su globalización, como la trata de personas, el narcotráfico, el ciber-delito, o los delitos económicos. Las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución nacional.

Plazo de vigencia

La Presidenta informó que pidió que el proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia.

Relación entre la AFI y los poderes públicos

La ley establece una limitante muy importante ya que impone que toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, solo podrá ser ejercida por el director general o por el subdirector. Esto significa que la única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia, va a ser, precisamente, la institucional en la persona de su director general y su director.

Protección de datos

Se crean los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia que tendrán como objetivos controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal; asegurar que aquellos datos de inteligencia que, una vez almacenados, no sirvan para los fines establecidos sean destruidos y garantizar que la información no sea almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera.

Las penas

Se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no excarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objeto de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos. Y también, serán reprimidos todos aquellos empleados o funcionarios que tomen -y aquí se crea un nuevo delito- contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales.

Nuevo paradigma de inteligencia

La ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollen las actividades los organismos de inteligencia conforme a la Constitución nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías". (Télam).--

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