Publicado por Télam.
La modificación de una norma por parte del Congreso de Estados Unidos autoriza al organismo de investigación a acceder a la computadora de cualquier persona incluso si no está dentro de la jurisdicción del juez que emite la orden.
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"Si bien aún no se ha presentado ningún caso en Argentina, es discutible la validez de la prueba que surja de esa técnica de acceso remoto en una instancia penal" y, además, se puede dificultar la aplicación del principio de territorialidad, afirmó a Télam Marcos Salt, especialista en derecho penal y coordinador del Programa contra la Criminalidad Informática del Ministerio de Justicia de la Nación.
La modificación a la "Regla 41" de las Reglas Federales de Procedimiento Penal (Federal Rules of Criminal Procedures) fue convertida en ley por el Congreso estadounidense el 1 de diciembre.
La norma establece la admisibilidad de las órdenes de registro (warrants) para descubrir documentos que fueran presentados como pruebas en acusaciones seguidas por el FBI, y autoriza a los jueces a cargo de las causas a ordenar la intervención (hackear) de las computadoras de los investigados cuando esos documentos son digitales.
Sin embargo, la novedad de esta modificación es que se autoriza al FBI a introducirse en las computadoras independientemente de dónde se encuentren, a través de la técnica de acceso remoto.
Esta técnica implica el envío de un malware, de forma remota, a la computadora que se quiere investigar, y el programa luego envía la información que encuentra (como una medida alternativa de allanamiento), explicó Salt.